Durante el encuentro se hicieron evidentes las diferencias filosóficas entre el gobierno y el liderato feminista.

 Casi dos meses después de que grupos feministas llevaran a cabo una serie de manifestaciones frente a La Fortaleza ante la ola de incidentes de violencia de género que ha azotado a Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló accedió a reunirse con varias organizaciones de mujeres en la Mansión Ejecutiva para dialogar acerca de posibles iniciativas que atiendan la problemática desde el marco de la política pública.

Aunque no se alcanzaron acuerdos concretos, una de las líderes de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer, destacó que el encuentro sirvió para presentarle de forma directa a Rosselló varias de las exigencias que su organización plantea son necesarias para comenzar a resolver la violencia machista en sus distintas vertientes.

“Nosotras señalamos la importancia de reconocer la violencia de género como un problema enraizado en las desigualdades sociales políticas y económicas que permean en el país. Nos parece importante hacer este señalamiento porque hemos visto en expresiones algunos funcionarios públicos que pretenden trabajar el tema de la violencia de género como un problema entre individuos, entre parejas, un asunto privado, y no como un tema de salud pública”, apuntó Ferrer en entrevista con Primera Hora.

Sobre la reunión de “aproximadamente dos horas”, Rosselló indicó que se logró establecer un consenso sobre las situaciones que deben atenderse, mas no sobre los mecanismos que permitirían acercarse a una solución a nivel de país.

Según mencionó el mandatario, quien durante el encuentro con las organizaciones feministas estuvo acompañado por el Concilio de Mujeres –que incluye a la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; y la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes–, se hicieron patentes los choques filosóficos entre la Colectiva Feminista y su administración con relación al rol que debe jugar el gobierno en la búsqueda de remedios.

“Por ejemplo, algunas de las compañeras estaban opuestas a la externalización de servicios que ofrece el gobierno hacia organizaciones sin fines de lucro. Le contesté que es parte de la política pública que yo establecí como plan de gobierno. Que pudiésemos trabajar con organizaciones sin fines de lucro para dar servicios que da el gobierno de manera un tanto ineficiente y que el Estado mantenga rol principal de fiscalización y de otorgación de servicios. Al poder colaborar con estas organizaciones se facilita y se le puede dar (otros) servicios a la gente”, dijo Rosselló en conferencia de prensa.

Ferrer, sin embargo, rechazó que el tercer sector y otras entidades privadas tengan la capacidad de manejar por sí solas todas las complejidades que involucra la violencia de género.

“Nosotras reconocemos que hay que expandir y fortalecer la gestión publica porque ninguna organización tiene la capacidad de absorber la demanda que hay de prestación de servicios en el tema de violencia de género que no sea el ente gubernamental. Reconocemos el trabajo valioso que hacen albergues y organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con mujeres afectadas y sobrevivientes de violencia de género, pero reconocemos que el Estado tiene una responsabilidad y le toca atenderla de manera apremiante sin miras a privatizar la gestión”, manifestó la líder feminista.

“Fuimos enfáticas en cuanto a los comentarios que van dirigidos sobre los retos presupuestarios, un poco la presión por parte de la Junta de Control Fiscal en cuanto a hacer algunos planes de ajustes (de deuda) como el de Cofina, y nosotros apuntamos a cómo esos planes están afectando, precarizando las condiciones de vida de la gente que está en Puerto Rico. Que las medidas de austeridad son violentas y están generando que se manifieste la violencia en el hogar, en las comunidades y, si no se atiende de esa manera y se siguen ignorando conexiones entre política económica que se impulsa en el gobierno y cómo se traduce en otros niveles, vamos a continuar viendo las múltiples manifestaciones de la violencia de género y es algo que queremos erradicar”, subrayó Ferrer.

De acuerdo con Ferrer, la Colectiva Feminista fue convocada anoche mismo a la reunión, que se celebró a poco más de 24 horas de que se registrara en Hormigueros el primer asesinato en un incidente de violencia de género en 2019.

Ferrer indicó que la organización aprovechó para entregarle al gobernador la propuesta de orden ejecutiva para que se declare un estado de emergencia ante la prevalencia de violencia machista, que el año pasado acabó con la vida de 23 mujeres. Esta propuesta fue el eje de las protestas que se llevaron a cabo en noviembre pasado, cuando Rosselló se negó a reunirse personalmente con las manifestantes que acamparon por varios días frente a La Fortaleza.