Prevalecen las escuelas

Por   |  Lunes, 11 Junio 2018
Madres, padres y estudiantes de las escuelas moroveñas Carlos Alverio Pimentel, Manuel Alonso Díaz y la Segunda Unidad David Colón Vega llegaron ayer al Tribunal de Arecibo junto a la alcaldesa Carmen Maldonado.

Madres, padres y estudiantes de las escuelas moroveñas Carlos Alverio Pimentel, Manuel Alonso Díaz y la Segunda Unidad David Colón Vega llegaron ayer al Tribunal de Arecibo junto a la alcaldesa Carmen Maldonado.  Redaccion

Municipios y comunidades estudiantiles se apuntan victoria contra el Departamento de Educación.

Aunque el Tribunal de Arecibo dio un periodo de 18 días para que el Departamento de Educación (DE) se preparara y llegara hoy a una vista con las evidencias necesarias que sustenten el cierre de 283 escuelas públicas en el país, la agencia no logró mostrar ni un solo documento, ni estudio empírico, que detalle las razones de los cierres. 

Ante la ausencia de documentos por parte de Educación, el juez Santiago Cordero Osorio, del Tribunal de Arecibo, dictó hoy un injunction permanente que detiene el cierre de nueves escuelas entre los municipios de Arecibo, Morovis, Hatillo, Camuy, Vega Baja y Lares.  

Las escuelas son la Carlos Alverio Pimentel,  Manuel Alonso Díaz y la Segunda Unidad David Colón Vega, todas de Morovis; la Laurentino Estrella Colón de Camuy; la Joaquín Rodríguez Ruiz, ubicada en Hatillo; la Ramón Ávila Molinari, en Quebradillas; el plantel vegabajeño Rosa M. Rodríguez; la Segunda Unidad Ramón Emeterio Betances de Arecibo; y la Julia Lebrón Soto, de Lares. 

“Yo he tenido que casi obligar al Departamento de Educación a someter documentación (evidencia) para el día de hoy, y no han venido preparados… Con tanto tiempo de anticipación y que no hayan podido traer ni una tabla de excel para presentar evidencia…”, dijo el juez en sala.

Además de la falta de evidencia, los seis testigos de la parte codemandante -entiéndase el municipio de Morovis y la Asociación de Maestros- aseguraron que no recibieron notificación oficial por parte de Educación que les informara sobre el cierre de los planteles escolares de su región. Todos dijeron enterarse a través de los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Entre los testigos se encontraba la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado; Ingrid Santos, maestra de educación especial; Carlos Cardona, padre afectado; Emilia Díaz, madre de menor de educación especial; Aleira Villafañe, madre de una niña de siete años y Daisy Cruz, madre de una menor de ocho. 

“Nosotros nos enteramos a través de los medios noticiosos”, fue lo primero que dijo la alcaldesa de Morovis al testificar. Mientras que Emilia Díaz se enteró por Facebook, pero como no tenía Internet debido a la mala señal que dejó el huracán María, tuvo que irse a preguntar por el vecindario y llegar hasta la escuela para corroborar la información. Sin embargo, personal y estudiantes de la escuela Manuel A. Díaz tampoco estaban al tanto de informaciones oficiales por parte del DE.

“Queremos una respuesta y tenemos derecho. Me siento que se le están violando los derechos a mi hija, porque no hay razón justificada para que la escuela vaya a ser cerrada por antojo de alguien que no ha ido a inspeccionar la escuela. Si por lo menos hubieran enviado un representante. Le están quitando un templo a mi hija”, dijo la madre Emilia Díaz.

Sin embargo los abogados de la parte demandada dieron fe de que ante la nueva era tecnológica en la que nos encontramos, los medios digitales y las redes sociales son una alternativa para informar a padres y maestros sobre el cierre de un plantel escolar. 

Yanira Raíces, secretaria auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento del DE, fue la representación oficial de la secretaria de Educación durante la vista. 

Ante preguntas de los abogados de la parte codemandante, Raíces contestó bajo juramento que el comité designado por el DE para trabajar con el proceso de cierre de planteles no se reunió con padres ni comunidades aledañas a las escuelas. También aseguró que le corresponde al director de escuela informar sobre los cierres y los debidos procesos que se estarán llevando a cabo.

Los cinco testigos que representaron al DE se mantuvieron firmes en que los comunicados de prensa enviados, y un compendio tipo guía con el que se rige el personal de Educación para el cierre de planteles, es data suficiente para evidenciar el cierre de cientos de escuelas en la Isla. 

Los abogados de los demandados también se ampararon en la Ley 85 de la Reforma Educativa que le da el poder a la Secretaria de Educación en llevar a cabo cierres y reubicación de estudiantes a otros planteles. Entre los testigos de la parte demandada estaba: Judith Nieves, ayudante especial del distrito escolar de Camuy; Paula Rodríguez, ayudante especial a cargo del distrito de Arecibo; Lourdes Heleher, ayudante especial de Vega Baja; Alberto Hernández, ayudante especial #13 y Yanira Raíces.

“Una notificación electrónica en un país que no tenía luz no es comunicación efectiva. Tenía que haber un edicto. La secretaria tenía un deber magisterial de que esa comunicación fuera efectiva”, explicó el juez ante respuesta del DE.

A pesar de que el magistrado fue claro al decir que varias escuelas tendrán que cerrar debido la situación económica que encara el país, no titubeó en resaltar que la educación es un derecho constitucional y destacó que se debe ser estructurado, específico y claro a la hora de tomar una decisión de tan gran envergadura como el cierre de escuelas. 

“No se diseñó un proceso. No hay un proceso de revisión más allá del compendio. No hay un estudio matemático para proteger el proceso de ley. Tampoco se dieron métodos de notificación adecuados. ¿Realmente el método de recibir quejas es un tweet y el método de comunicación es un comunicado de prensa publicado en periódicos?”, cuestionó el juez.